La Denuncia Y El Mecanismo Judicial




Cuando una de las parte no cumple con sus obligaciones, y la vía del diálogo ya no es posible, la JUSTICIA nos da una herramienta para proteger nuestros derechos o los de nuestros hijos: La denuncia. La DENUNCIA es el acto de dar parte a las autoridades correspondientes de una irregularidad o ilegalidad, siendo un derecho para la protección judicial efectiva. Implica garantizar la puesta en marcha del mecanismo judicial a través de la recepción y tramitación de la misma. 

¿Pero qué pasa cuando la maquinaria no garantiza la protección judicial efectiva?

El incumplimiento de cualquier apartado correspondiente a la Patria Potestad, está tipificado como delito, con lo cual la vía para notificar cualquier irregularidad debería ser a través de la denuncia. 

Nuestros legisladores tratan de hacer funcionar todo el sistema, pero con demasiada frecuencia, nos encontraremos con piezas rotas o INÚTILES. Cuando las autoridades correspondientes tramitan la denuncia, la remiten al Juzgado que está de Guardia, y ese mismo Juzgado será quien proceda con el litigio. Aquí es donde hallaremos un enorme socavón en el sistema. La denuncia nunca recaerá en un Juzgado de Primera Instancia (asuntos civiles, familia), puesto que estos no están nunca de guardia, por lo que una denuncia por asuntos de "familia" sera tratado por un Juzgado de Instrucción (asuntos penales) ya que son los que están de guardia. 

De esta manera la maquinaria se bloquea, FORZANDO a Fiscales y Jueces a tratar temas que no les competen a ellos, y como suele pasar en la mayoría de este tipo de denuncias, el Juzgador "se lava las manos" alegando que es un tema de Familia, y no es de su competencia.

La conclusión es que "la denuncia" no es un DERECHO al alcance de todos, y no lo es, puesto que el mecanismo judicial es incapaz de tramitar y derivar correctamente dichas denuncias a los Juzgados correspondientes según sus competencias. 

Esto solo nos deja el camino de la demanda, auto o escrito al Juzgado de Primera Instancia, que ha de hacerse a través de abogado y procurador, a diferencia de la denuncia que no necesita de ningún abogado ni desembolso económico.