¿Qué está pasando?

En España cada año se producen una media de 150.000 procesos de divorcio, de los cuales cerca de un 30% son de tipo contencioso; y aproximadamente 30.000 menores se ven afectados por esta situación. Las estadísticas oficiales demuestran que estas cifras van en aumento.

La sociedad actual ha integrado el divorcio en su vida diaria, sin hacerse muchas preguntas de cómo se lleva a cabo.

La realidad suele saltar al rostro de sus protagonistas únicamente cuando se encuentran sumidos en el enfrentamiento judicial de lo contencioso.

En la normativa legal que regula el divorcio con hijos, se tiene en cuenta la protección del menor. Desafortunadamente, esto no resulta tan sencillo, ya que en la práctica, los motores de decisión adoptados por los progenitores se dan en el siguiente orden: pensiones alimenticias, vivienda y en último lugar los hijos.

El problema no surge por el hecho de que los padres, responsable y libremente, decidan poner fin a su vida en común, sino cuando implican de forma activa a sus hijos en los conflictos que han generado la ruptura de esa relación, obligando a los menores a estar inmersos en problemas de adultos, y donde se llega, en alto porcentaje de ocasiones, a tomar partido por uno de los cónyuges.

Los menores que se encuentran en esta situación se enfrentan a consecuencias de riesgo muy negativas inmediatas en su desarrollo psicoevolutivo, como son: sentimientos de abandono, rechazo, desconfianza, rencor o inseguridad, que dejan graves secuelas en la edad adulta en forma de depresiones, trastornos de personalidad, frustración, suicidios, etc. En el mejor de los casos aprenden que la manipulación, la coacción, la mentira, y la violencia forman una parte legítima de las relaciones interpersonales, teniendo como consecuencia final, adultos maltratadores con sus familias, parejas e hijos propios, o adultos sin límites y sin ningún tipo de respeto a la autoridad.

Los equipos Psicosociales de los Juzgados y de los Servicios Sociales advierten de los indicadores de triangulación de menores en conflicto parental, como forma de maltrato y desprotección.

A pesar del incremento de victimas afectadas, la capacidad de recursos está limitada, dando lugar, en la mayoría de los casos a grandes dilaciones de los procesos judiciales que enlazan finalmente, con la mayoría de edad de los menores afectados, cuya consecuencia final es dar por finalizada la intervención y protección legal que un menor necesita y no recibe desde el primer momento que se detecta este problema.

Durante los largos periodos de trámites judiciales que afectan al menor, se produce la pérdida total de la relación con uno de sus progenitores y su familia extensa, quienes, en el mejor de los casos, se resignan a una vida rota, mantenida por la esperanza de que algún día esos hijos, tal vez ya adultos, se den cuenta de todo lo ocurrido.

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